sábado, 31 de octubre de 2015

FUEROS PARLAMENTARIOS E IMPUNIDAD PARTIDOCRÁTICA


Desde el punto de vista estrictamente del Derecho, se denominan fueros parlamentarios a todos aquellos privilegios o normas especiales que se aplican a los integrantes del Poder Legislativo (diputados y senadores), y por el sólo hecho de formar parte, de pertenecer, al Congreso de la Nación dentro de un régimen de Democracia Republicana.

En primer lugar, los fueros parlamentarios tienen su origen en la idea de separación de poderes, en la búsqueda de la independencia del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivoteniendo en cuenta a las monarquías parlamentarias. En un comienzo era habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos de un rey, éste buscaba cualquier tipo de excusas para apartarlo de la vida pública, acusando al legislador en cuestión de cualquier delito.

Por consiguiente, y como una forma de evitar esas injerencias, se establecieron medidas que impedían que un parlamentario pudiese ser apartado de su función arbitrariamente. Medidas en donde no podía ser recusado o suspendido si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno para que ello ocurriese, y que, en el caso de ser recusado por desleal comportamiento, debía estar sometido a algún orden jurisdiccional específico, normalmente un tribunal de mayor jerarquía. Esto en cuanto al origen de los fueros parlamentarios, que si se lo analiza a la distancia se podría decir que tuvo un fin sano, de equilibrio de poderes por la existencia de monarquías degradadas en su función específica de mando. Un origen histórico que tuvo como base la necesidad de proteger a los legisladores de eventuales maniobras políticas con el objetivo ilegítimo de apartarlos de su función, de impedir su presencia en una votación u otras intenciones similares.

El problema surge con la consolidación de este sistema de fueros en la Democracia Republicana. Los privilegios excepcionales, que nuestra Constitución Nacional denomina ‘inmunidades’, existen en casi todos los sistemas políticos, con alguna diversidad de matices en lo que concierne a cuál es el Poder del Estado que debe decidir si un funcionario protegido con ese privilegio puede ser desaforado o no, en caso de una denuncia o querella específica.

  Lamentablemente, en nuestro país el sano concepto de inmunidad parlamentaria fue y es bastardeado por la partidocracia rosquera de siempre, por la politiquería barata, por los tilingos que se visten de "representantes del pueblo". Muchos de nuestros senadores y diputados gustan entender la inmunidad que les concede la Constitución, no de la manera que lo establece la sana doctrina jurídica y el sentido común, sino sino de una forma diametralmente opuesta: Como un blindaje contra la acción de la Justicia, como una licencia a favor de la impunidad. Así ponen en práctica todo tipo de acciones desleales en contra de los intereses de la Patria. Así esconden su insoportable corrupción.

  Mientras se encuentran en su cargo, tienen privilegios propios, como la inviolabilidad o el sometimiento a tribunales específicos. La Constitución de la Nación Argentina establece los fueros parlamentarios en sus artículos 68, 69 y 70. El artículo 68 hace referencia a que los legisladores no pueden ser acusados en forma judicial por las actividades propias de su mandato como legisladores, incluyendo las opiniones o discursos que pudieran formular. El artículo 69 especifica que no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la eventualidad de ser sorprendidos in fraganti (o sea, en el lugar del hecho) cometiendo un delito visible. Y el artículo 70 establece que, en caso de presentarse querellas ante la Justicia contra un legislador, sólo el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la Justicia.

  Es decir, los parlamentarios -que tanto protegen a diputados y senadores- son una excepción al principio de igualdad ante la ley que consagra la mismísima Constitución Nacional. En cuanto a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, los mismos no son amparados por esos fueros, pero sí tienen otro tipo de privilegios: La Constitución establece que corresponde a la Cámara de Diputados acusar y al Senado juzgar (según lo expreso en el artículo 53) “al Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes”.

 El juicio político se refiere a la responsabilidades políticas y sólo tiene por efecto, tal como lo sostiene el artículo 60 “destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación”. O sea, una vez destituido, y si el juicio político hubiera sido motivado por la presunta comisión de un delito, recién ahí podría ser arrestado.

Entonces, tanto para legisladores como para funcionarios de alto rango, sólo se podría hacer efectivo el arresto una vez que hayan sido desaforados -en el primer caso- o destituidos por juicio político -en el caso de los funcionarios-. El problema es que, por lo general, ninguna de estas alternativas llega a prosperar porque el oficialismo siempre hace ingeniería política para que eso no ocurra. Negociar con la oposición o tener mayoría propia en el Congreso, como es el caso del kirchnerismo en la actualidad. Así de fácil se echa por tierra la posibilidad concreta de avanzar en materia de saneamiento de la corrupción. Por eso siempre se habla desde el Nacionalismo de una partidocracia en líneas generales corrupta. Y sin ir más lejos, el kirchnerismo pactó impunidad con Carlos Menem, para que el ex presidente conservase su banca en Diputados, a cambio de su voto en cuestiones relevantes para la Casa Rosada, y así conservar el privilegio que le otorga la Constitución en materia de fueros parlamentarios.

Y viendo la dura realidad política argentina de corrupción organizada, de aprietes a la Justicia, de tremenda impunidad para delinquir por el sistema de los fueros parlamentarios, el Partido Bandera Vecinal se planta firmemente y sin ningún tipo de dubitaciones. En esta problemática específica propone una medida bien concreta, bien definida. Bandera Vecinal propone la IGUALDAD ANTE LA LEY.

¿Qué entiende Bandera Vecinal por IGUALDAD ANTE LA LEY? Que es inmoral e inaceptable la vigencia de inmunidad de arresto y privilegios especiales para los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo nacionales, escudo bajo el cual se han protegido numerosos delincuentes en el ejercicio del poder y se ha frenado el esclarecimiento de sonados casos de corrupción. Que tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la Ley, por eso la primera acción es renunciar a cualquier tipo de fueros e impulsar un proyecto para que se deroguen esos fueros desde el Presidente de la Nación hasta el último funcionario público. Por ende, que es hora que se entienda y se ejercite el principio de que un funcionario público es simplemente un servidor público.

  Una Argentina para los argentinos y con honestidad ética desde la función pública es posible. Bandera Vecinal sostiene como primera propuesta política la IGUALDAD ANTE LA LEY. Depende de todos nosotros generar el gran cambio y posibilitar la ascensión de un país orgulloso de su progreso, orgulloso de su propio ser, orgulloso porque es respetado y fundamentalmente orgulloso por su destino de grandeza.


Darío Coria, Secretario de Educación y Cultura del Partido Bandera Vecinal,
conductor del programa radial "Estirpe Nacional".

31/10/2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario